La reforma de 2014 estableció que la Procuraduría se transformaría en Fiscalía General de la Nación con carácter de órgano constitucional autónomo. Tuvo un problema de origen. Al haber sido parte de una reforma político-electoral muy amplia en la que se negociaron diversos temas, el “toma y daca” impidió una reflexión profunda y cuidadosa sobre una de las instituciones claves de cualquier Estado de derecho. Sí, se concedió la autonomía, pero no se reparó en que, por sí sola, ésta no es garantía ni de independencia ni de profesionalismo ni, mucho menos, de eficacia.
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